Un juez federal ha denegado el amparo solicitado por el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido por Martí Batres, en su intento por evadir la obligación de pagar una deuda millonaria heredada de la gestión de Alejandro Gertz Manero, durante su cargo como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
El juez Décimo Primero de Distrito en materia Civil ha confirmado que el gobierno capitalino debe pagar la suma de dos millones 17 mil 128.75 dólares a la empresa A. P. American Protective, SA de CV, en cumplimiento de un contrato suscrito en 1999 con Gertz Manero para la adquisición de ocho mil 995 chalecos antibalas.
“La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Gobierno de la Ciudad de México contra los actos reclamados y las autoridades responsables que se precisan en el considerando segundo de esta sentencia, con base en las razones expuestas en el último considerando”, establece el resolutivo.
No obstante, el gobierno de Batres ha impugnado esta resolución a través de un recurso de revisión, buscando que un tribunal Colegiado determine si la negativa del amparo es válida o no y, en consecuencia, si debe o no pagar.
Este litigio se origina desde que el gobierno capitalino incumplió el contrato firmado con Gertz Manero, resultando en la imposición de una cuantiosa deuda. A lo largo de los años, esta deuda ha acumulado multas significativas, y ha sido objeto de diversas impugnaciones por parte de las autoridades locales, argumentando la falta de recursos para su pago y la imposibilidad de cumplir con los términos del contrato original.
A pesar de los intentos de la administración capitalina por evitar el pago, la Justicia ha ratificado en varias ocasiones la obligación de cumplir con la deuda, ajustando incluso el monto a las condiciones actuales del mercado. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México ha sostenido que no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a esta obligación financiera.
La última resolución del juez de amparo rechaza los argumentos presentados por el gobierno capitalino, dejando claro que no se ha combatido eficazmente la decisión judicial anterior. Ante este revés legal, la administración de Batres ha recurrido a un recurso de apelación, que podría llevar a una resolución definitiva del conflicto en las próximas semanas.