Se ha descubierto que una de las empresas más beneficiadas con contratos del Gobierno de Nuevo León ha desviado al menos 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico asociado al Gobernador Samuel García y su padre.
Según información obtenida del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta maniobra entre empresas y el despacho vinculado al mandatario ha estado en marcha desde el inicio de la actual Administración en octubre de 2021.
La documentación revela que la empresa Suministro MYR facturó al Gobierno de Nuevo León cerca de 964.7 millones de pesos por servicios de alimentación en penales, campos policiales, comedores de otras dependencias y eventos, entre octubre de 2021 y noviembre de 2023.
A su vez, en ese mismo periodo, MYR facturó 237.2 millones de pesos a su «empresa hermana» Proveedor de Productos Mexicanos Jace, bajo el pretexto de servicios de administración corporativa.
Finalmente, esta última empresa realizó pagos por un total de 202.9 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, de la que el Gobernador forma parte, bajo el concepto de honorarios por servicios profesionales, sin especificar los servicios recibidos.
Estos pagos al despacho del Gobernador comenzaron el 15 de octubre de 2021, apenas 11 días después del inicio de su administración.
A pesar de los intentos de obtener más información sobre estas transacciones, las autoridades estatales han negado el acceso a los registros de las sociedades civiles en las que participan el Gobernador y su familia, incluyendo el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados.
Según el acta constitutiva, este despacho fue fundado por Samuel García y su padre el 29 de mayo de 2014, y las declaraciones patrimoniales del mandatario confirman que posee el 50% de participación en el mismo.
MYR y Jace son compañías «hermanas» donde miembros de una misma familia participan como socios y apoderados, según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.
Estas revelaciones ponen en evidencia una compleja red de relaciones y transferencias financieras entre las empresas mencionadas y el Gobierno de Nuevo León.