En el municipio José Joaquín de Herrera, Guerrero, niñas y niños de entre 11 y 15 años se vieron en la necesidad de portar armas para salvaguardar su comunidad, mientras un grupo de adultos se ha movilizado en busca de una familia desaparecida desde el pasado 19 de enero.
En la comunidad indígena Ayahualtempa, perteneciente al municipio mencionado, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) tomaron protesta como integrantes a 5 niñas y 15 niños durante la jornada del miércoles, otorgándoles armamento para realizar labores de vigilancia y, en el caso de los jóvenes de mayor edad, participar en la búsqueda de la familia secuestrada.
Luis Morales Rojas, integrante de la CRAC-PF y miembro del Consejo del Gobierno Náhuatl, informó que se capacitó a los menores en el manejo de armas como rifles calibre 22, escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas.
Durante la asamblea en la que se llevó a cabo la juramentación, que contó con la asistencia de cerca de mil personas de origen nahua, se hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para que brinden ayuda en la localización de la familia indígena desaparecida.
La familia desaparecida está compuesta por Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52; y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, quienes fueron secuestrados mientras pastoreaban su ganado en el área conocida como Zacatepec.
En la cancha deportiva del poblado, las niñas y niños, la mayoría portando rifles y escopetas, demostraron movimientos de entrenamiento armado durante el acto.
La decisión de incorporar a menores a la CRAC-PF fue tomada en una asamblea celebrada el pasado lunes por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y la CRAC-PF, como respuesta al aumento de la violencia en municipios cercanos a la región Montaña, responsabilizando al grupo delictivo Los Ardillos.
Las autoridades comunitarias destacaron que la actuación de su policía comunitaria es legal y exigieron respeto, solicitando a las autoridades que no levanten acusaciones en su contra.
La zona ha experimentado la integración de niños a la Policía Comunitaria debido a la inseguridad y violencia persistente, aunque hasta ahora no se han brindado garantías de seguridad.
En junio de 2019, se incorporaron 19 niños a la Policía Comunitaria, y en 2020 se presentó otro grupo de menores, que fue desvinculado en 2022 después de un compromiso por parte de funcionarios del gobierno federal y estatal para brindar seguridad con la presencia de militares, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. (EFE)